A veces los
conceptos nos sirven para comprender mejor las cosas, y en otras ocasiones para
parcializarlas desatendiendo su complejidad. En el peor de los casos terminan
siendo como marcas distintivas de pertenencia o de filiación de algún bando.
Cuando uno se
adentra al concepto de capital social, desde la sociología, nos encontramos con
que el gremio le da un estamento de validez dependiendo de quien lo haya dicho
o definido. Cuando se utiliza el término se le da mayor peso al autor del que
proviene, que al sentido mismo que pudiera tener de manera contextual y analítica.
Se le termina utilizando más que para entender, para tener mayor autoridad
porque tiene fundamento en algún santón teórico. Termina siendo más importante
citar correctamente, que desarrollar una reflexión o pensamiento. Y como suele
suceder en Latinoamérica, sólo puede ser válido aquello que proviene de un
generador de conocimiento extranjero que, de un profesor local, ya no digamos de
algún alumno.
Como un
observador ajeno a la academia de la sociología, y con una perspectiva psicológica,
se puede notar que lo que se tiene de facto como capital social es equivalente
a lo que en la posmodernidad se le identifica como privilegios. Desafortunadamente,
esos términos son los más aplicados y no terminan de decirnos nada, o más bien
sirven para corroborar sesgos, limitar las discusiones y atontar la reflexión
pública.
En un extremo,
el significado del capital social termina justificando aproximaciones economicistas
que justifican políticas de supuesto desarrollo. Y del lado contrario se le
tiene como una resignificación interesada de distintos factores sociales como componentes
de un mercado. Siendo entonces que el término ya no es útil para atender un
fenómeno. Sino un concepto de batalla entre ideologías. En la que cada parte es
libre de caracterizarlo a conveniencia. Terminando en disertaciones banales,
sin sentido y carentes de valor. Con sentencias válidas para uno y otro público.
Y no se adelanta
más, cuando de cara a colegas académicos, se le ha tratado de sistematizar agregando
o distinguiendo componentes como la solidaridad existente en cierto grupo y la
confianza exigible dentro del mismo, así como la posibilidad de sancionar a quienes
incumplan los códigos. Y de ahí los autores le dan mayor o menor peso a cada
cosa, aderezándolo con algo o haciendo subcategorías, ahondando en dimensiones,
claves conceptuales y demás características que terminan sobrecargando el
concepto para finalmente inutilizarlo.
En todos los
casos, en algún punto se reconoce como parte del capital social, algún grado de
confianza para interrelacionarse y las oportunidades derivadas de la pertenencia
a cierto grupo social. Pero suele insistirse en la implicación de compartir
normas y valores como una condición indispensable para que pueda haber capital
social en cierta comunidad.
El problema en todas
las posturas es que en situaciones reales pueden desbaratarse y entonces el concepto
queda arrinconado a los cubículos académicos o a oficinas de organismos
trasnacionales. La maldita realidad que no se ajusta. Tanto es así que, de ser
un concepto de moda, el término entre la gente común no se reconoce, y ha ido
perdiendo su estelaridad en los discursos sobre políticas públicas.
Lo que sí ha prevalecido en el discurso público, y con un énfasis evidentemente negativo es el término de “privilegios”. Que, de hecho, parece ser una reacción al desarrollismo intervencionista que se cobijó bajo el manto del distintivo de capital social. Que deformó en fórmulas de incluir en la economía a “la base de la pirámide” como solución a la desigualdad. Planteando algunas soluciones híbridas de triple o cuádruple hélice (donde intervienen distintos actores: academia, gobiernos, empresas, sociedad civil). Que, en cierto momento pudieron generar soluciones innovadoras al atravesar distintos campos. Pero que terminaron, casi en su totalidad capturadas por actores económicos y por grupos políticos.
A finales del
siglo pasado, hubo una irrupción de emprendedores sociales, que iban más allá
de los límites tradicionales, que además vieron potenciados sus alcances por
los avances tecnológicos accesibles a los individuos en general, como nunca
antes.
Dichos
emprendedores sociales, se distinguieron por enfocarse en materializar beneficios
sociales y acceso a derechos, echando mano de todos los recursos a su alcance, sin
reparar en barreras ideológicas.
La respuesta a
ello fue una inclusión forzada (valga el término) al estatus quo. Se les creó
una categoría y se le exigió ser autosostenible y generar sus propios recursos,
ligando el valor de su trabajo a la capacidad de generar riqueza económica. Y se
les conminó a ceñirse a reglas de los grandes corporativos para acceder a
fondos y a vínculos que les pudieran favorecer para sus actividades.
También se les
han tratado de imponer parámetros y una jerga propia del ámbito empresarial,
tales como: stakeholders, indicadores de impacto, retorno de inversión, etc.
Yendo más allá
de lo sucedido con los emprendedores sociales. Podemos observar que, junto con
otros preceptos, el capital social, pasó a formar parte de una corriente política
de pensamiento neoclásico que fueron identificados como parte de un sistema de
creencias impuesto a países menos desarrollados, en favor de Estados más
fuertes y multinacionales poderosas.
Y así como tiende
a rechazarse la idea de desarrollo del siglo pasado, también existe una formación
reactiva ante las representaciones de aquella ideología.
Y aunque no se le menciona en la conversación publica
actual, si está en boga su definición en negativo: el privilegio.
La reacción de
desconocimiento y negación de cualquier bondad derivados de la sociedad
inmediata que nos antecedió no es una consideración intelectual, ni parte de
reflexiones profundas. Su cimiento es emocional y se inserta en un fenómeno social
de adolescencia prolongada (iniciada el siglo pasado con el desvanecimiento de
roles sociales y el crecimiento de las ciudades) que, como propio de la adolescencia
privilegia la búsqueda de identidad, la resolución de la sexualidad y la aceptación
grupal.
Así entonces,
existe un rechazo a lo heredado y sus representaciones, sin concesión alguna
para reconocer los avances en expectativas de vida, avances tecnológicos, disminución
de la pobreza extrema, ensanchamiento de libertades e igualdades y acceso al
conocimiento. Así como a la libertad
individual para expresarse creativamente.
Luego entonces,
cualquier aparente avance social derivado de lo previo es desvalorizado porque proviene
de arreglos siniestros: colonización, racismo, opresión, sexismo, patriarcado,
etc. Pues no se le pueden reconocer bondades a la maldad. Y como en los procesos
históricos, como en el caso de los individuos no existen productos puros, pues las manchas
vuelven maldito todo, y el no aceptarlo así, es estarse pasando del lado de los
opresores y ser perpetuador de una injusticia. Ser un normalizador que “romantiza”
la opresión. O incapaz darse cuenta a falta de “deconstrucción”.
Así pues, el
capital social es un concepto fantasma, que se conjura rezando el término
privilegio. Porque es parte de una política
y de una historia con un legado desigual, pero que implica en algún grado
solidaridad, confianza progreso humano real. Que no puede ser reconocido porque
amenaza lo que lo que da cohesión a la identidad. En su superficialidad, es
inaceptable simplemente porque sería impopular entre el grupo de pares reconocerlo.
Y así estamos estancados
con la noción de privilegio, importado de las universidades norteamericanas, que
aludían más en su origen a la incapacidad o dificultad de la población blanca
para observar la realidad considerando la perspectiva y las circunstancias de los
negros. Lo cual pudo consignarse en políticas públicas equivocadas o
francamente racistas, en concepciones basadas en prejuicios en muchos casos
denigrantes.
El estacionarnos
en conceptos limitados por la carga emocional y la necesidad de validación, como
el término privilegio, nos atrapa en estadios previos y nos impide reconocer
nuestras capacidades, avances y posibilidades de elaborar un presente y un
futuro más justo y digno. Y nos mantiene luchando infructuosamente con símbolos
y subcategorías de esos símbolos, manerismos carentes de sustancia, que son
debatidos con ferocidad por lo que subyace en ellos. Vg muchas generaciones
previas tuvieron sus formas propias de variar el lenguaje para expresarse, pero
la intentona puritana de establecer modalidades como las correctas con la amenaza pasivo agresiva de que “se trata
sólo de pronombres o agregar una o”, pero si no se utilizan, o se tiene una
postura crítica al respecto, se pudiera estar cometiendo un crimen de odio.
Los conceptos
pueden, entre otras cosas, servir como contenedores o como puertas de acceso.
El termino privilegio, como se viene usando es claramente un contenedor que no
permite ir más allá. En cambio, creo que convendría más utilizar la noción de
ventaja acumulativa, para describir y comprender de una manera más precisa y
empática a aquello que a individuos y a grupos les permite el acceso a una situación
de vida más digna. Sin asignar culpa o estigma. Y poder comprender mejor la
manera en que esas ventajas acumulativas pudieran socializarse para promover
una sociedad más igualitaria. E incluso identificar, en caso posible, la oportunidad
de alguna reparación.
No se trata de
usar un eufemismo para barnizar o “romantizar” nada, sino un esfuerzo de
comprensión. Que, si se le piensa un poco, nos abre la puerta para analizar ventajas
de individuos o grupos, y cómo es que estas se han ido acumulando, ya sea a lo
largo de su vida, o de la historia. Poniéndonos en una posición de poder hacer
algo al respecto en términos de gobernanza y de políticas públicas o de tomar
acciones en nuestro entorno más cercano. E incluso en el ámbito personal.
Como se repite
mucho en el discurso militante actual, hay cosas que no podemos/debemos cargar
a los individuos, dado que existen sistemas que los trascienden y de las cuales
no pudieran tener control. Y pues sería muy el caso cuando le asignamos culpas
a un sujeto por sus ancestros de hace siglos, por no mencionar la culpa de tener
determinado color de piel. La intelectualización que justifica la discriminación
por motivos de raza, género, origen social o nacionalidad, cualesquiera que estas
sean, es un subterfugio para darse licencia de agredir sin someterse a las consecuencias
ni asumir lo que se está haciendo.
Un análisis, para
serlo, debe ser contextual e implica un esfuerzo de dudar de nuestras propias afirmaciones, identificar de donde provienen y contraponerlas con
la realidad, más allá de aquello que nos identifica o nos da la idea de
pertenecer.

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